Coimas en Andis: Suizo Argentina no colabora con la Justicia

Cada día el caso por el entramado de coimas que desató los audios de Diego Spagnuolo suma nuevos episodios. Durante este fin de semana trascendió información de la causa judicial: la droguería Suizo Argentina, apuntada por el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que emitió un comunicado por el cual afirmó estar a plena disposición de la justicia, entorpeció un allanamiento.

Ocurrió el viernes pasado en un operativo por el cual el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello buscaban asegurar posibles pruebas de coimas y/o contratos irregulares. Sorpresivamente, se encontraron con resistencia de la empresa dirigida por Eduardo Kovalivker, sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, y Marcela Sandra Viner. Recién en la madrugada del sábado los efectivos de la Policía de la Ciudad pudieron retirar la información que reclamaba el juzgado.

Según los detalles que trascendieron, los representantes de la empresa no querían entregar el material solicitado. Luego de idas y vueltas y de que el fiscal le ordenara al personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad que se quede en el lugar hasta obtener lo que necesitaba, los investigadores se llevaron evidencia digital: contenido de discos rígidos y servidores y los correos electrónicos laborales para obtener indicios sobre el supuesto pago de sobornos.

Cabe destacar que la misma compañía había difundido días atrás un escrito donde indicó que sus directivos y accionistas estaban a derecho y se ponían a plena disposición de los organismos de control. “Este accionar busca esclarecer los hechos bajo investigación, por lo que la empresa manifiesta su convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”, expresaron en el texto, que luego fue reposteado por el propio Javier Milei.

La defensa de la Suizo

Por otro lado, también se conoció que los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron la “nulidad absoluta” de la causa a través de su abogado Martín Magram.

Para ello, apelaron a la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Esto es que el origen de la causa es una prueba obtenida ilegalmente, y todo lo derivado de ella cae y es inadmisible en un proceso.