Cristina pidió la nulidad de la causa por el memorándum con Irán

La defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, pidió que se declare nula la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, por el memorándum de entendimiento que el gobierno argentino firmó con Irán cuando ella era ­presidenta.

Los abogados de la exmandataria solicitaron el sobreseimiento de las personas “injustamente” imputadas en esa causa, incluida Fernández y también el ya fallecido Héctor Timerman, que fue canciller en ese período.

El trámite judicial había sido iniciado por el también fallecido fiscal Alberto Nisman, y los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Cámara Federal de ­Casación Penal, rechazaron un pedido para que fuera desestimado, por lo que la vicepresidenta continúa acusada.

La defensa de Fernández cuestionó a ambos camaristas por la reciente revelación de sus visitas a la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri, que la sucedió en el poder, en fechas cercanas a fallos desfavorables a exfuncionarios del gobierno de la ahora vicepresidenta. Y sostuvo que ese antecedente debe derivar en la nulidad de todo lo actuado desde que intervinieron en el caso.

Según denuncia el video, la causa volvió a recibir un fuerte impulso del gobierno de Cambiemos con la complicidad de Mauricio Macri que, a espaldas al público, había mantenido reuniones en la Quinta de Olivos con el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky y con el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos que se encargaron de seguir con la causa.

“La decisión que Hornos y Borinsky adoptaron en la causa, revocando la desestimación de la denuncia del fiscal Nisman, coincide exactamente con lo que Macri venía propugnando públicamente desde hace tiempo”, argumentaron los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, encargados de la defensa de la ex jefa de Estado.

En su escrito, los letrados desa­rrollan la tesis de que durante el gobierno de Macri se montó una estrategia de lo que se conoce como lawfare o guerra jurídica contra Fernández y exfuncionarios de su gobierno.

“A partir del 10 de diciembre del año 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, comenzaron a desarrollarse una serie de episodios muy graves en términos ins­titucionales que, objetivamente, importaron una severa afectación del recto servicio de administración de justicia”, afirman.

En el caso de Fernández, “comenzó a ser citada periódicamente a prestar declaración ­in­dagatoria en el marco de dichos procesos, llegándose en una oportunidad a la increíble circunstancia de que debiera afrontar ocho ­indagatorias en un mismo día”, señalaron.
Por eso, pidieron que la causa sea declarada nula, y su clienta, sobreseída.