El Gobierno entrega soberanía y recursos en el pacto con EE. UU.

El anuncio del Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión entre Argentina y Estados Unidos, difundido por la Casa Blanca y celebrado por el gobierno de Javier Milei, marca un giro de alto impacto en la política económica nacional. Bajo los argumentos de “modernización” y “valores compartidos”, el documento detalla concesiones que colocan al país en una posición de vulnerabilidad frente a los intereses de Washington.

El esquema incluye la apertura arancelaria para productos estadounidenses de alto valor agregado como medicamentos, maquinaria, tecnología y vehículos, mientras que la contraparte norteamericana apenas flexibiliza el ingreso de recursos naturales y bienes no patentados.

La narrativa oficial insiste en que se trata de un paso hacia la “integración internacional” y la “eficiencia económica”. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un proceso de desmantelamiento de barreras que protegían a sectores productivos nacionales. La eliminación de licencias de importación, la reducción del impuesto estadístico y la aceptación automática de normas técnicas estadounidenses implican una pérdida de soberanía regulatoria. El país se compromete a aceptar vehículos, dispositivos médicos y fármacos bajo certificaciones extranjeras, sin capacidad de imponer requisitos propios.

Concesiones sin equilibrio

El capítulo arancelario es revelador y preocupante. Argentina abre su mercado a bienes industriales y agrícolas de Estados Unidos, mientras que la Casa Blanca apenas concede la entrada de ciertos recursos naturales.

La aceptación de normas internacionales y estadounidenses en sectores clave refuerza esa desigualdad. El país se compromete a homologar estándares externos, renunciando a la posibilidad de fijar criterios propios. En términos prácticos, esto significa que la producción nacional deberá adaptarse a reglas ajenas, con costos adicionales y pérdida de autonomía.

Recursos naturales

El punto más controvertido surge en torno a los recursos naturales. El acuerdo menciona la necesidad de “eficiencia” en el uso de minerales críticos, un concepto que habilita la explotación intensiva. La coincidencia temporal con el anuncio de Milei sobre la modificación de la Ley de Glaciares dispara alarmas ya que la iniciativa busca otorgar a las provincias plena autonomía para definir zonas de explotación, debilitando la protección ambiental.

La declaración presidencial, que descalificó a los ambientalistas y defendió la apertura de áreas periglaciares, expone la orientación del gobierno: priorizar la extracción de recursos sobre la preservación.

El acuerdo también incluye compromisos en materia laboral y digital. Argentina promete reforzar la legislación contra el trabajo forzoso y la piratería, pero lo hace en un marco dictado por Washington. De esta manera, se adoptan lineamientos externos como condición para acceder a un mercado que, en los hechos, se abre de manera desigual.

De esta manera, mientras la Casa Blanca celebra la “ambición compartida”, Argentina se enfrenta a un escenario de mayor dependencia, con sectores productivos expuestos y recursos naturales en riesgo. El gobierno de Milei lo presenta como un triunfo, pero los detalles revelan una cesión profunda de soberanía económica y ambiental.