El Gobierno nacional al borde del nocaut: sospechas de coimas, el Congreso en contra y crisis económica

El Gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico. Primero, un escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estalló con una brutal carga política: los audios filtrados del exdirector Diego Spagnuolo denuncian que tanto Karina Milei —secretaria general de la Presidencia— como Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, se beneficiaron de un esquema de sobornos millonarios vinculados a la compra de medicamentos. Según los testimonios, “se llevan de medio palo para arriba por mes”. El escándalo provocó despidos, allanamientos y fuertes presiones judiciales. El juez Sebastián Casanello ordenó confiscaciones y registros en varias propiedades, mientras que desde el gobierno acusaron a la oposición de politizar el caso en año electoral.

Simultáneamente, en el Congreso la ofensiva opositora golpeó duro: la Cámara de Diputados rechazó por primera vez un veto presidencial —el relativo a la ley de emergencia en Discapacidad— y el Senado aprobó normas que irán en contra del plan oficialista. La oposición ha insistido con leyes clave —aumento para jubilados, moratoria previsional, coparticipación, investigación de la criptoestafa— y logró prácticamente anular la agenda legislativa del oficialismo. Tras la derrota en Diputados, el gobierno adelantó que judicializará la ley vetada argumentando falta de fondos.

Mientras tanto, la economía no da tregua. Los precios del dólar siguen bajo presión y, aunque el gobierno intenta contenerlos mediante tasas altísimas y la intervención en el mercado cambiario, la recesión se profundiza. La industria está en alarma: la producción cayó un 10 % interanual en el primer semestre, y el consumo continúa desplomándose. En el sector turismo, las reservas hoteleras bajaron un 20 %, reflejando el deterioro del poder de compra y la parálisis del mercado interno.

Este combo explosivo salta a la vista: el cochinero político, el bloque opositor en alza y la economía tambaleante componen una tormenta perfecta. El Gobierno, con dos meses por delante antes de las elecciones de octubre, podría ver esta semana como el momento que marque un antes y un después. La derrota legislativa, el escándalo de corrupción y el derrumbe económico configuran un nocaut político que, de prolongarse, podría dejar a la administración librada a su propio destino.

La imagen presidencial también sufre un desgaste notorio. En las calles y en redes sociales, el tema de las coimas en la ANDIS generó indignación social y un fuerte eco en las organizaciones de personas con discapacidad, que sienten que fueron utilizadas como pantalla para el desvío de fondos. La crisis de confianza hacia la política, que ya era alta, ahora se profundiza con la idea de que la corrupción atraviesa incluso a las áreas más sensibles del Estado.

En el Congreso, la oposición tomó nota de ese malestar social y lo convirtió en capital político. Los bloques dialoguistas, que en otros momentos tendieron puentes con el oficialismo, hoy se replegaron y votan en línea con Unión por la Patria y la izquierda. La soledad parlamentaria del Ejecutivo quedó en evidencia no sólo con la derrota en Diputados, sino también con la fragilidad que mostró en el Senado, donde los aliados circunstanciales se desmarcaron frente al costo político de convalidar medidas impopulares.

La economía, en tanto, se convierte en el gran verdugo de la gestión. Comercios cerrados, caída del empleo registrado y salarios pulverizados completan un cuadro de recesión que atraviesa de lleno a la clase media y a los sectores populares. Los informes privados hablan de un desplome del consumo de alimentos básicos, algo que contrasta con la retórica oficial de “austeridad necesaria”. El malestar se siente en los barrios, pero también en las cámaras empresariales que advierten que la apertura indiscriminada de importaciones puede generar una ola de cierres de pymes.

En este contexto, el gobierno intenta mostrar orden interno, pero las tensiones entre funcionarios, las denuncias cruzadas y las filtraciones a la prensa revelan lo contrario.

La denuncia que agrava el cuadro

A este escenario se suma la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que amplió el frente judicial contra el Presidente Javier Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. El letrado los acusa de conformar una asociación ilícita destinada a recaudar coimas mediante la intermediación en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. La presentación, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, busca que se investigue la posible responsabilidad penal del propio jefe de Estado y de su entorno íntimo. El caso, que ya venía carcomiendo la legitimidad del oficialismo, adquiere así una dimensión aún más explosiva: por primera vez, la figura presidencial queda directamente bajo la lupa judicial en un contexto de aislamiento político y derrumbe económico.