Fuerte repudio al nombramiento de un militar en el Ministerio de Defensa

La designación de Alberto Presti como ministro de Defensa generó un inmediato y amplio repudio en la dirigencia política y en organismos de derechos humanos. El rechazo no se centró en el nombramiento en sí, sino en lo que representa, la ruptura del consenso democrático que desde 1983 garantizó conducción civil en las Fuerzas Armadas. Agustín Rossi calificó la medida como “un enorme retroceso para la democracia argentina”, mientras Jorge Taiana advirtió que implica “utilización partidaria de las Fuerzas Armadas”.

Por su parte, la agrupación HIJOS recordó el pasado de Carlos Presti, padre del nuevo ministro, imputado por delitos de lesa humanidad. El comunicado del Gobierno nacional, que mencionó la idea de “finalizar la demonización” de militares, fue interpretado como un intento de instalar una narrativa revisionista. Para especialistas, la decisión reabre tensiones que se consideraban superadas y vuelve a politizar a las Fuerzas Armadas.

El repudio también se extendió al plano internacional, la coincidencia con el voto de Argentina contra una resolución de la ONU sobre prevención de la tortura reforzó la alarma. En conjunto, las críticas apuntan a que la medida no fortalece a las Fuerzas Armadas, sino que las expone a un uso político que erosiona el consenso democrático construido en las últimas décadas y proyecta un giro riesgoso en la relación del país con la comunidad internacional.

Para los organismos, la designación no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia cultural que busca relativizar el pasado y tensionar el presente.