La Defensoría del Pueblo apura la Ley de Alquileres en la Provincia

En medio del debate a nivel nacional por la iniciativa de modificar la Ley de Alquileres, a solo dos años de su sanción, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires instó a los legisladores bonaerenses a avanzar en el tratamiento de una norma provincial al respecto, que aliviane la situación de los inquilinos en la mayor jurisdicción del país.

En vista de lo complicado de la situación que enfrentan quienes necesitan vivir en casas y de­partamentos alquilados, el titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, recomendó a los diputados y senadores de la Provincia que busquen sancionar una Ley de Alquileres de alcance provincial. El proyecto fue presentado por un senador del Frente de Todos (FdT), con miras a un abaratamiento del ingreso a la vivienda de alquiler.

“La mayor cantidad de inquilinas e inquilinos del país se encuentran en nuestra Provincia. Desde que creamos el Área de Inquilinos/as en la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los reclamos que nos llegaron tuvo que ver con los altos costos a la hora de firmar un contrato de alquiler”, explicó Lorenzino.

El proyecto cuya aprobación busca el defensor del Pueblo está en la Legislatura provincial. Su sanción sería independiente del tratamiento de la iniciativa cuyo destino se dirime en el Congreso de la Nación, y que apunta a modificar la Ley de Alquileres aprobada en 2020.

Uno de los puntos incluidos en la iniciativa provincial, firmada por el senador Francisco Durañona, establece que el locador, es decir el propietario del inmueble, debe sufragar los honorarios correspondientes al contrato.

Otra modificación que propone el proyecto provincial es la supresión de comisiones adicionales al locatario (es decir, a la persona que paga el alquiler) y del cobro por el pedido de informes en el Registro de la Propiedad.

También establece la obligatoriedad de exhibir esta información de modo claro y prominente en las inmobiliarias, tanto en sus oficinas físicas como en sus sitios web.

“La vivienda es un derecho y hacia eso tienen que orientarse las políticas públicas. Creemos que, en contextos como el actual, es necesario que el Estado esté del lado del eslabón más débil, que en este caso son las inquilinas e inquilinos”, expresó el defensor del Pueblo bonaerense.

De aprobarse la ley, las modificaciones ­operarían para los contratos de alquiler ­celebrados en la Provincia, lo que no quita que, si eventualmente se aprueba la norma nacional, esta tomaría prioridad en las disposiciones que se superpongan con la bonaerense, y ambas serían complementarias en los artículos que no colisionen.