La Justicia ordenó restituir todas las pensiones por discapacidad suspendidas
La resolución judicial expone la arbitrariedad oficial y obliga al Estado a restituir derechos básicos vulnerados a miles de personas de todo el país.
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca dictó una resolución que extiende a todo el país la medida cautelar que ya regía en esa provincia, y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituir en un plazo máximo de 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas por el Gobierno. La decisión también obliga a abonar los haberes retenidos y dispone que, hasta tanto no exista sentencia definitiva, se suspendan las auditorías y nuevas bajas.
El fallo se enmarca en la acción de amparo colectivo presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a personas con discapacidad y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim). A esa causa se sumaron la presentación judicial realizada en La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Una red de organizaciones en defensa de derechos
La articulación se amplió con la intervención de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, entre otras entidades, conformando un frente amplio que reforzó el reclamo y le dio alcance nacional.
Con ese respaldo colectivo, el amparo presentado en septiembre denunció que la conducta estatal implicó una violación del debido proceso y del derecho a la protección social, a la salud y a la vida independiente. Asimismo, se señaló que el Estado incumplió el deber de buena fe al imponer nuevas obligaciones a los beneficiarios sin garantizar información adecuada sobre la necesidad de actualizar domicilios.
El alcance de una decisión que marca límites
La suspensión de más de 100.000 pensiones en los últimos meses fue calificada como un grave avasallamiento de derechos fundamentales, profundizando la vulnerabilidad y exclusión de las personas con discapacidad. Con esta resolución la Justicia federal reafirmó la obligación del Estado de revertir un accionar arbitrario que puso en riesgo el derecho a una vida digna.
El fallo devuelve un ingreso vital a quienes fueron injustamente despojados y deja en evidencia el infundado ajuste que afectó a los sectores más vulnerables.
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