La ley de discapacidad se anuncia pero no se cumple

El Gobierno nacional informó a la Justicia Federal que inició el proceso de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, organizaciones, familias y prestadores aseguran que los supuestos avances se limitan a trámites administrativos y que, en la práctica, no existen mejoras concretas en las prestaciones ni alivio para un sistema que atraviesa una crisis profunda.

La doble estrategia del Gobierno

Luego de que la administración de Javier Milei notificara al Juzgado Federal de Campana sobre el inicio de gestiones vinculadas a la norma, el Ejecutivo mantuvo en paralelo la apelación del fallo judicial que ordena su cumplimiento inmediato. Para las organizaciones, esta doble estrategia revela una voluntad más orientada a dilatar que a garantizar derechos.

Apenas antes de que venciera el plazo fijado por el juez Adrián González Charvay, la Procuración del Tesoro presentó un escrito en representación del Gobierno. Con ese movimiento, la Casa Rosada evitó multas, aunque dejó abiertas varias incógnitas. El documento menciona partidas adicionales por más de $8 billones para pensiones e instituciones de apoyo, pero no incluye un decreto reglamentario, definiciones sobre el nomenclador de servicios ni sobre la condonación de deudas con ARCA, puntos centrales de la ley.

La emergencia no espera

Mientras tanto, las organizaciones se mantienen en alerta, más aún tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su degradación a secretaría dentro del Ministerio de Salud. Asimismo, preparan nuevas presentaciones judiciales para exigir medidas concretas. El juez González Charvay deberá evaluar la propuesta oficial y escuchar a todas las partes antes de resolver si el área que conduce Mario Lugones cumple efectivamente con la orden judicial.

No obstante, el magistrado ya declaró inválido el artículo del decreto que supeditaba la vigencia de la ley a la disponibilidad presupuestaria y ordenó su aplicación inmediata. El expediente sigue su curso y la Cámara Federal de San Martín se prepara para intervenir en febrero. Ante este escenario, familias y organizaciones advierten que, más allá de los informes y las apelaciones, la emergencia continúa.