Luis Arias: “Debemos enfrentar al poder real para defender a la gente”

El reciente fallo de la Suprema Corte bonaerense sobre tarifas eléctricas expuso las contradicciones del sistema judicial provincial y reavivó el debate sobre la defensa de los derechos colectivos. Ocho años después de la medida cautelar que suspendió los aumentos de 2017 —dictada en aquel momento por el juez Luis Arias—, el máximo tribunal provincial volvió a pronunciarse, aunque no por iniciativa propia: lo hizo a partir de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que había reconocido la legitimación del Defensor del Pueblo bonaerense para representar a los usuarios del servicio eléctrico.

En dialogo exclusivo con diario Hoy, el exjuez Luis Arias se refirió al accionar de la Justicia bonaerense. “El fallo de la Suprema Corte bonaerense es realmente vergonzoso. Primero rechazó la posibilidad de que el Defensor del Pueblo de la Provincia pudiera representar y defender a los usuarios del servicio eléctrico”, explicó Arias y agregó: “Esa negativa fue luego revertida por la Corte nacional, que finalmente admitió la legitimación del Defensor y revocó la decisión provincial. En consecuencia, este Tribunal no tuvo más remedio que dictar un nuevo fallo, reconociendo al Defensor del Pueblo.”

El exmagistrado señaló que lo que debía ser un acto de reparación institucional terminó en una maniobra para convalidar los aumentos de 2017. “Luego de haberse tomado ocho años en decidir la cuestión, la Corte provincial dijo que ya no tiene actualidad, que se dictaron nuevos aumentos y terminó convalidando el tarifazo ilegal de 2017, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora, en perjuicio de todos los usuarios”, señaló.

Un retroceso disfrazado de formalidad

Para Arias, el nuevo pronunciamiento no repara el daño causado por las demoras judiciales, sino que lo agrava. “Aunque finalmente haya sido admitida, no sirvió de nada, porque la Corte rechazó su pretensión, trasladando la responsabilidad por el tiempo que demoró el juicio a los usuarios”, afirmó.

El exjuez recordó que en 2017 la medida cautelar que él había dictado buscaba evitar precisamente ese perjuicio. “Primero debió admitirse la representación del Defensor del Pueblo en 2017 y declarar la ilegalidad del aumento, manteniendo la cautelar. Después el Gobierno tendría que haber determinado una nueva tarifa en base a esa ilegalidad. Pero la Corte puso trabas de todo tipo, primero impidiendo la representación del Defensor y luego fallando en su contra.”

Arias sostuvo que el fallo deja al descubierto una lógica de poder que trasciende lo jurídico y refleja la convivencia con los intereses empresariales. La situación expone un modelo donde los derechos se subordinan a la rentabilidad y el acceso a la Justicia queda cada vez más limitado.

Las empresas y el poder detrás del fallo

“En el Poder Judicial suelen prevalecer quienes detentan el poder económico, en este caso, las empresas distribuidoras de energía eléctrica”, advirtió el exmagistrado. Señaló que las cuatro distribuidoras de la Provincia —Eden, Edes, Edea y Edelap— pertenecen al mismo grupo empresario controlado por Rogelio Pagano, un financista que se benefició directamente con las políticas del gobierno de Vidal.

“Pagano aportó solo el cuarenta por ciento del capital, el resto provino de un préstamo. Luego vino el tarifazo para beneficiarlo. Ahora la Corte provincial viene a convalidar esa estafa, a costa de todos los bonaerenses”, sostuvo Arias y agregó: “Pagano se benefició doblemente: por un lado, con el tarifazo, por el otro, con el aumento del precio de las acciones de esas empresas. ¡Un negocio redondo! A costa de todos los bonaerenses”.

El exjuez consideró que estos vínculos entre poder político, económico y judicial deterioran la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En ese sentido, insistió en la necesidad de recuperar el sentido social de la Justicia y fortalecer los mecanismos de control democrático.

“Creo que la Corte provincial marcó un enorme retroceso en materia de derechos de usuarios y consumidores, a diferencia de la Corte nacional, que habilitó al Defensor de la Provincia a representar a los usuarios. En esta etapa asistimos a una enorme degradación institucional por la ausencia de funcionarios y jueces comprometidos con los derechos de la sociedad”, afirmó.

La verdadera vocación pública

Con este marco, el exjuez destacó que el cargo de Defensor del Pueblo debe recaer en personas con verdadera vocación pública. “Debe estar en manos de quienes hayan demostrado compromiso y estén dispuestos a enfrentarse con el poder real si es necesario para defender a la gente.”

Arias vinculó esa convicción con su actual postulación y con el apoyo social recibido en las últimas semanas. “Me he sentido muy acompañado por la sociedad que ve en este cargo la posibilidad de que yo pueda volver a luchar por sus derechos, ya no como juez, sino desde otro lugar; saber que alguien está protegiendo verdaderamente sus intereses”, expresó.

“Me siento muy congraciado con eso y agradezco inmensamente a la sociedad tanto respaldo. Ojalá tenga la posibilidad de retribuir tanto apoyo.”, cerró el exmagistrado.