El Gobierno intensifica el ajuste y lanza otra ofensiva reformista

La agenda oficial se acelera con otra Ley Bases que profundiza el ajuste y consolida un modelo sin deliberación pública ni consensos sociales.

A menos de una semana del triunfo electoral de La Libertad Avanza, el Gobierno nacional ratificó su voluntad de avanzar con nuevas reformas. Este jueves, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, brindó detalles sobre la futura “Ley Bases 2”, un proyecto que ya había sido anticipado pero que ahora toma forma concreta. La iniciativa buscará completar el paquete de reformas que Javier Milei impulsa para su segundo tramo de gestión, con cambios en la Justicia, el sistema educativo y el Código Civil y Comercial.

Aunque el proyecto ya había sido anticipado, el detalle técnico presentado por Sturzenegger acelera los tiempos. Con un Congreso aún sin renovar y sin evaluaciones públicas sobre el impacto de la primera Ley Bases, el Ejecutivo redobla la apuesta. “Nos quedaron cosas en el camino”, dijo Sturzenegger, en una frase que sugiere una dinámica de ejecución acelerada más que de discusión parlamentaria.

Las variables del ajuste

En materia laboral, el ministro volvió a cargar contra el sistema vigente. Propuso reemplazar los convenios colectivos por acuerdos por empresa, siguiendo modelos como el de Estados Unidos o Australia. También insistió en que todos los actores del mundo del trabajo “muerden” del sistema, desde sindicatos hasta empleadores, en una generalización que desdibuja responsabilidades y legitima el ajuste. Los ejemplos utilizados por el funcionario para justificar la fragmentación salarial apelan a criterios de eficiencia que desatienden las desigualdades estructurales del país.

Más reformas, menos consenso

Mientras Sturzenegger desmiente la implementación de una jornada laboral de 12 horas —rumor que circuló con fuerza—, el Gobierno avanza con una agenda que, lejos de moderarse tras las elecciones, se intensifica. La promesa de ser “el más reformista de la historia” no parece contemplar los costos sociales. La velocidad con que se anuncian nuevas medidas, sin debate público ni evaluación de impacto, refuerza la idea de que el oficialismo prioriza resultados rápidos por sobre consensos. La motosierra no se detiene, avanza sobre los derechos, instituciones y estructuras sociales.

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