Milei avanza con despidos en organismos clave pese al rechazo del Congreso

Más de 300 trabajadores del INTA, Inase e INV fueron pasados a disponibilidad por resolución del Ministerio de Economía. ATE denunció que la medida es ilegal y legisladores de la oposición advirtieron un atropello institucional.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes el despido y pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores del INTA, el Inase y el INV, en una decisión que vuelve a tensar el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La medida, dispuesta a través de la Resolución 1240/2025 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue publicada en el Boletín Oficial apenas horas después de que el Senado rechazara por amplia mayoría el Decreto 462/25, que disponía la reorganización y disolución de varios entes públicos, entre ellos el INTA y el INTI.

El alcance de la resolución es significativo: afecta a empleados de planta permanente con estabilidad adquirida, profesionales que durante años sostuvieron políticas de investigación y producción agrícola, vitivinícola y de semillas. En paralelo, otras disposiciones recientes también desarticularon organismos como la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), avanzando sobre sectores neurálgicos para la seguridad y el desarrollo productivo.

El oficialismo defendió la decisión asegurando que el INTA había sido “desviado de su propósito original y utilizado con fines políticos”, pero la reacción no tardó en llegar. La senadora Guadalupe Tagliaferri, del PRO, cuestionó que el Ejecutivo dispusiera los despidos inmediatamente después de que el Senado rechazara la disolución de estos organismos. Desde el kirchnerismo, la diputada Julia Strada calificó la medida de “ilegal” y denunció que se busca desmantelar instituciones fundamentales para el Estado. ATE Capital también se pronunció con dureza. “Las medidas tomadas por el Ejecutivo carecen de sustento lega”, señaló el gremio.

Según la normativa vigente, los trabajadores pasados a disponibilidad pueden permanecer en esa condición hasta 12 meses. Pasado ese plazo, podrán ser reubicados en otro organismo estatal o, en su defecto, cesados en sus funciones con indemnización. Para los sindicatos y la oposición, sin embargo, la intención es clara: un ajuste estructural que deja en la incertidumbre a cientos de familias y debilita áreas esenciales para la investigación y la producción nacional.

Mientras el Ejecutivo busca sostener su programa de recortes con el argumento de la eficiencia, el avance sobre organismos como el INTA, el INV o el INASE muestra un rumbo que choca de frente con las necesidades estratégicas del país.

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