Milei firmó la reforma laboral y acelera el ajuste sobre los derechos

El regreso de Javier Milei de su viaje a Oslo se tradujo en un movimiento político inmediato. Apenas aterrizado, el Presidente firmó el proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca tratar durante las sesiones extraordinarias. La Casa Rosada lo presentó como un avance decisivo hacia la modernización del sistema, aunque el contenido del texto y la velocidad para enviarlo al Congreso dejaron expuesta la voluntad oficial de forzar un cambio profundo sin construir consensos mínimos.

Un proyecto que flexibiliza y reduce protecciones

La iniciativa presentada bajo el nombre de Ley de Modernización Laboral reorganiza aspectos centrales del régimen de trabajo. Reescribe reglas de vacaciones, despidos y remuneraciones, otorga mayor flexibilidad para contratar y redefine el alcance de los convenios colectivos. El Gobierno sostiene que busca simplificar procesos y adaptarlos a un mercado más dinámico, pero los cambios alteran pilares históricos del derecho laboral.

El capítulo indemnizatorio es uno de los más cuestionados. El proyecto fija un cálculo basado en la mejor remuneración mensual y habilita fondos de cese laboral administrados por empleadores. Además restringe reclamos civiles paralelos, lo que para sindicatos y especialistas implica recortar herramientas de defensa ante despidos arbitrarios.

En materia de remuneraciones, el texto amplía la categoría de conceptos no remunerativos y consolida beneficios sociales sin aportes ni contribuciones, una combinación que reduce ingresos futuros y achica la base de cálculo para indemnizaciones y jubilaciones. Habilita componentes salariales variables que no generan derechos adquiridos y elimina la ultraactividad, lo que abre la puerta a esquemas más inestables y a una mayor discrecionalidad empresarial.

El proyecto impacta además en la formalización laboral mediante un registro centralizado ante ARCA como única validación, con mayor trazabilidad digital pero también con un nivel de control estatal que no necesariamente se traduce en mejores condiciones para el trabajador. En materia de convenios colectivos, restringe su aplicación extensiva, habilita topes de personal part­-time y permite que cada sector reemplace el régimen indemnizatorio tradicional por fondos propios de cese laboral. Para especialistas, estas modificaciones consolidan un modelo más flexible para las empresas y más vulnerable para quienes dependen del salario como única fuente de estabilidad.

En el plano sindical, limita deducciones automáticas de aportes, condiciona la tutela de trabajadores eventuales y refuerza controles sobre acuerdos conciliatorios, un paquete que el movimiento obrero interpreta como un intento de disciplinamiento.

Un escenario político que se vuelve más incierto

La falta de consensos en el Senado y la resistencia social anticipan un debate complejo. El oficialismo apuesta a un trámite acelerado, pero la magnitud de los cambios y el impacto sobre derechos adquiridos generan dudas incluso entre aliados circunstanciales. Con gobernadores atentos al costo político y un Congreso fragmentado, el intento de avanzar a contrarreloj expone al Gobierno a un escenario incierto.