Ordenan secuestrar teléfonos de Robles, asesor de Rosatti, y Zamora dijo que “no quiso entregarlos”
Luego de la presentación del gobernador de Santiago del Estero formulada ayer contra la “mano derecha” del presidente de la Corte, la Justicia avanzó con la investigación pero el imputado en la causa solamente hizo una presentación judicial.
El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, imputó y ordenó el secuestro del teléfono celular de Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, luego de una denuncia presentada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, quien aseguró ayer que el imputado “no quiso entregar sus teléfonos”.
Tal y como informó diario Hoy, tras la presentación formulada por Zamora, el magistrado envió el lunes un oficio a través de la Policía Federal para anoticiar a Robles sobre el celular que es de uso habitual y también “otro aparato de telefonía celular que tenga en uso (personal u oficial)”.
En el oficio el magistrado le hace saber, además, que “se han habilitado la feria judicial, y días y horas hábiles para el trámite presente”.
También, en otro oficio enviado al secretario de turno en feria de la Corte Suprema, Molinari le solicita que “proceda a la recepción y resguardo” del teléfono de Robles y “todo aparato de telefonía celular que fuera entregado por Robles, debiendo asegurar y mantener la cadena de custodia de los mismos a los fines del resguardo del medio de posible prueba, todo labrándose la pertinente acta”.
La denuncia del gobernador Zamora, presentada el lunes, se originó tras las filtraciones de chats en los cuales Robles mantenía una conversación con el ministro porteño de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, en las cuales se coordinaban estrategias frente al litigio por la coparticipación que la Nación mantiene con el Ejecutivo que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
El gobernador informó en sus redes sociales que “el doctor Silvio Robles, a quien denuncié en la Justicia Federal por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes, no quiso entregar sus teléfonos”.
“Solo se habría limitado a hacer una presentación al Juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial”, afirmó Zamora.
En esa línea, sostuvo que “con esto, en vez de ayudar a aclarar -si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado- oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN”, y “sigue resquebrajando cada vez más, al estado de derecho en el país...”.
“Rosatti, vuelvo a preguntarle, ¿qué hará usted ahora? La Patria no se merece esto”, manifestó el gobernador al finalizar su publicación.
La denuncia de Zamora
El lunes, el gobernador de Santiago del Estero había reportado en sus redes sociales, que hizo una denuncia penal ante el fiscal federal en turno de Santiago del Estero contra “el doctor Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la Corte, por los delitos tráfico de influencia e incumpliendo de los deberes de funcionario público, atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal”.
Zamora solicitó en esa oportunidad que “como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial” y otros que usa habitualmente para someterlos a pericias y lograr “la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes”.
“Hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la Nación, que es el federalismo, sino que, además frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho”, alertó.
Zamora sostuvo en esa publicación que “se han difundido mensajes presuntamente emitidos desde el teléfono de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA), de diálogos con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; de los que surgen información, que de ser cierta, serían conductas prohibidas a un funcionario público de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.