Políticas sociales evitaron que 2,6 millones cayeran en la indigencia

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) dio cuenta de la importancia de los programas sociales de asistencia socioeconómica en Argentina. De allí se explica porque el ajuste del gobierno de Javier Milei no ha pasado tanto por el gasto social como por otras áreas.

De acuerdo al estudio, sin los programas de Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 días, la indigencia sería un 82% más alta, lo que afectaría a 2,6 millones de personas adicionales.

De esta manera, se confirman que las prestaciones actúan como un “piso de ingresos” que evita que los sectores vulnerables caigan por debajo de la línea de pobreza extrema.

Motosierra selectiva

En el empleo público, la estructura estatal, las jubilaciones, la obra pública, las pensiones por discapacidad, la salud y la educación pública, se pudo ver con mayor medida la motosierra de Milei. Sin embargo, no llegó a los programas asistencialistas.

En este camino, el informe analizó la evolución del poder de compra de las prestaciones. Por ejemplo, el poder adquisitivo de la AUH se recuperó drásticamente a partir de finales de 2023 (gracias a un aumento inicial del 100%). Desde entonces, su valor real se ha mantenido estable debido a un mecanismo de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (es decir, la inflación) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Por el lado de la Tarjeta Alimentar, su monto depende de aumentos discrecionales y no de una actualización automática por inflación. En consecuencia, este beneficio muestra un deterioro sostenido, aunque mucho menor que en otros casos.

En cuanto al Plan 1000 Días, tuvo un aumento nominal del 500% en 2024, que llevo de $9.700 a $30.000. Luego de eso, su valor real (teniendo en cuenta la inflación) se ha mantenido robusto y estable, ya que estableció la indexación mensual automática a la inflación.

La necesidad social

A su vez, el estudio de la OPC destacó que, en los últimos 15 años, la cantidad de beneficios otorgados pasó de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025. Esta expansión del andamiaje social se consolidó con una inversión pública constante de alrededor del 1% del PBI.

No obstante, el documento concluyó que la ampliación de la cobertura responde más a la necesidad de contener a una población creciente en situación de vulnerabilidad que a la consolidación de un sistema universal. Esto marca que el éxito de esta estrategia paliativa depende de la generación de crecimiento económico que reduzca la dependencia de la asistencia estatal.