Vicentin: análisis en Diputados, perspectivas judiciales y periodistas en la mira

A más de tres años del estallido del escándalo por la cesación de pagos de la empresa Vicentin, operadora de referencia en el mercado de granos, y las consecuentes acciones políticas y judiciales a partir de los indicios de vaciamiento de la compañía, el tema resurgió por movimientos en la Justicia y por una nueva reunión de la Comisión de seguimiento en la Legislatura de Santa Fe, que se desarrollará mañana.

Se trata de un caso que sacudió el ámbito político porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo a punto de disponer la estatización de la empresa, aunque finalmente no lo hizo. En esa puja quedaron involucrados los periodistas Luis Majul y Alfredo Leuco, ya que, según lo reveló el ex dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Pedro Peretti, los propios directivos declararon en el expediente que ambos comunicadores recibieron “sobres” para “desacreditar” la idea de la estatización.

“Se está ventilando en Rosario el juicio por estafa a los directivos de Vicentin. Salió en el juicio la plata que le pagaban a los periodistas por abajo de la mesa para desacreditar las ideas de estatización de la empresa. Y nombra a los periodistas; lo nombra a Majul, nombra a Leuco, nombra a varios programas. Expresamente. Dicho por los directivos de Vicentin”, afirmó Peretti en el programa Caníbales, que se emite por el canal C5N.

Empujada por medios opositores al gobierno, como LN+, donde trabajan los dos periodistas mencionados, la estatización o no estatización de Vicentin se convirtió en aquel momento en una causa nacional. Y en un celular requisado en un allanamiento a la empresa se halló un documento que hablaba, justamente, de “instalar una narrativa diferente” sobre el caso, lo que encaja con lo declarado luego por los directivos, según reveló Peretti.

En junio del año pasado, el contador Omar Scarel, que era presidente del directorio de Vicentin y que ya estaba imputado en la causa, fue arrestado en su casa de Avellaneda, Santa Fe, por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal. El motivo: había intentado vender acciones de la empresa Renova, del grupo Vicentin, a pesar de que había una medida cautelar que lo impedía, justamente, en el marco de la investigación del vaciamiento.

Preocupación legislativa

La comisión de seguimiento del caso en la Cámara de Diputados santafesina se reunirá mañana a partir de las 10, en Rosario, para analizar los pormenores de la cuestión. Los legisladores abordarán el tema con un ojo puesto en las novedades de la causa judicial y otro en las vías posibles para recuperar el dinero fugado.

El diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, dijo a la radio Aire de Santa Fe que la comisión “va a ratificar la preocupación que tienen las fuerzas políticas de la Legislatura por recuperar la empresa para la producción nacional, generar presencia nacional en el comercio exterior de granos, mantener las fuentes laborales, e insistir en la recuperación del dinero que Vicentin fugó (más de 791 millones de dólares) entre agosto de 2019 y enero de 2020”.

“Queremos que se vaya a fondo con el proceso preventivo de acreedores que tiene que avanzar al cramdown” o salvataje, explicó el legislador. Además, “vamos a insistir para que la Justicia Penal avance y detenga a los delincuentes de guante blanco que hicieron esta estafa al pueblo argentino”, añadió.

Los vaivenes judiciales

El juez Fabián Lorenzini, del departamento judicial Reconquista, tiene a su cargo el expediente judicial en el que están imputados todos los directivos de Vicentin, y en el que se investigan las presuntas maniobras de vaciamiento y fuga de capitales al exterior.

El magistrado tiene que evaluar una nueva oferta de la empresa en el marco del concurso de acreedores, que no es viable según los parámetros impuestos por la Corte Suprema de Justicia provincial y, por lo tanto, requiere o bien una extensión de los plazos para que se presente una oferta mejorada, o una negativa que daría lugar al cramdown, con intervención de los propios acreedores para un salvataje con condiciones más favorables.

En el horizonte cercano (este mismo año) aparece una posible venta de todo el grupo Vicentin a la multinacional Glencore, que es la principal exportadora de aceite vegetal del país. Esta transferencia se podría producir más allá de que avance el concurso, ya sea según la propuesta de la empresa o mediante el cramdown. En este marco no se produciría la intervención del Estado, que había propuesto el Presidente durante el momento álgido del conflicto.