El marido de Carolina Piparo pidió cumplir el arresto domiciliario en otra vivienda
Juan Buzali cumple prisión preventiva en el country Grand Bell. Está acusado de intento de homicidio a dos jóvenes, por lo ocurrido el 1° de enero de 2021.
Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada Carolina Piparo, le solicitó a la jueza Marcela Garmendia que lo autorice a irse de la vivienda que comparte con su familia en el country Grand Bell. Desde mediados del 2021, comenzó a cumplir allí el arresto domiciliario en el marco de la causa en la que está imputado por tentativa de homicidio a dos jóvenes.
Según le confiaron fuentes judiciales a diario Hoy, el marido de la legisladora solicitó el cambio del arresto domiciliario a calle 47 entre 15 y 16, donde su mujer denunció que le habían robado durante la madrugada del Año Nuevo de 2021. “Lo que llama la atención es que había dicho que tenía contrato por dos años, pero ahora dice que se le termina el alquiler (en el country)”, indicó un vocero.
El mismo se refiere a que, cuando el acusado pidió ser excarcelado –a través de su abogado Marcelo Peña- y continuar su arresto en su vivienda, el argumento fue que tenía residencia fija y un contrato de alquiler por dos años. En abril del año pasado, la jueza Garmendia ordenó que Buzali continuara cumpliendo prisión preventiva con la modalidad detención domiciliaria, monitoreado con tobillera electrónica y con la prohibición de conducir vehículos automotores.
En ese momento, la magistrada consideró “la ausencia de antecedentes penales del encausado, su situación personal, como así también que en la presente investigación se ha producido la mayoría de la prueba de cargo”. El esposo de Piparo estuvo detenido desde el 9 de enero, luego de que la fiscal de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, le imputara el delito de “homicidio en grado de tentativa” en perjuicio de los motociclistas Iván Coronel –quien entonces tenía 17 años- y de Luis Levalle.
La investigación
Según el expediente, durante la madrugada del 1º de enero de 2021, la legisladora denunció que había sido asaltada por tres parejas de motochorros en la calle 47 entre 15 y 16, luego de que su marido estacionara el coche frente a la casa de su padre. Pero cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco, se cruzaron con motociclistas y creyeron que eran los mismos que los habían robado poco antes.
En el cruce de las calles 21 y 40, Buzali chocó por detrás a uno de los ciclomotores en el que viajaban los dos jóvenes, a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido. Él y su esposa se dieron a la fuga y comenzaron a ser perseguidos por otros jóvenes en moto, hasta que finalmente fueron detenidos frente a varios móviles que participaban de un control de tránsito.
Desde septiembre del año pasado, la causa se encuentra en la Sala VI Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, que deberá resolver si eleva la causa a juicio, tal como lo dispuso la jueza Garmendia por pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, o si ordena el sobreseimiento del acusado o, de manera subsidiaria, cambia la calificación legal a “lesiones leves culposas” como lo pidió el abogado Peña.
En su investigación, la fiscal sostuvo que “no puede dejar de advertirse, no solo de los testigos oculares del hecho, sino también de la prueba pericial, la clara intención del sujeto activo de causar la muerte a las víctimas”.