Extendieron la prisión preventiva para acusado por torturas en la comisaría Quinta

El Tribunal Oral Criminal Federal n°1 de La Plata ordenó extender durante seis meses la prisión preventiva para José Ignacio Saravia Day, acusado por la desaparición del conscripto José David Aleksoski en 1976, y por el secuestro y las torturas que sufrieron otros dos soldados, en el centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría Quinta.

Según la investigación, el imputado era partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad, las torturas y el homicidio de Aleksoski (un estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata y oriundo de Bahía Blanca), y por los secuestros de otros dos reclutas que lograron sobrevivir. Los fiscales lo acusan de haber entregado a los conscriptos a personal de las mismas fuerzas armadas que los secuestraron y finalmente confinaron en centros clandestinos de detención.

En la semana del 22/10/1976, fecha en la que fue visto por última vez en libertad, el joven debió asistir a realizar guardias a la Quinta Presidencial de Olivos. Pero aquel día, recibió un llamado de su jefe, el entonces teniente José Ignacio Saravia Day, quien le ordenó que se presentara en el Regimiento para realizar un diligencia. Según reseñó la Fiscalía en su presentación del 16 de mayo de 2007, el joven debió dirigirse a “una calle cortada que daba sobre las vías del Ferrocarril Belgrano” y, cuando llegó al lugar, “Aleksoski advirtió que la dirección era inexistente”.

“En el camino de regreso, fue interceptado por un grupo de individuos que circulaban en tres automóviles (un Torino, un Falcon y otro no identificado), quienes lo obligaron a subir a uno de los autos alegando que eran fuerzas de seguridad”, describió el fiscal. Antes de desaparecer por segunda vez, Jorge Julio López contó en sus testimonios que estuvo secuestrado junto a Aleksoski en la comisaría 5ta, hecho que también quedó acreditado en el juicio conocido como “Circuito Camps”.

Para prorrogar la preventiva del acusado, los jueces Andrés Basso y José Michilini tuvieron en cuenta “la existencia de los riesgos procesales que deben justificar cualquier detención preventiva”, y “que se trata de una causa seguida por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, que obligan a considerar las especiales características de estos casos y a extremar la cautela en salvaguarda de la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.