Extendieron la prisión preventiva para un exjefe militar por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº1 de La Plata resolvió extender durante seis meses la prisión preventiva para Enrique Francisco Welsh por crímenes de lesa humanidad. Se trata de quien fue jefe de Personal del Regimiento de Infantería 7, que estaba frente a Plaza Islas Malvinas durante la Dictadura de 1976.

El imputado fue procesado el 22 de junio de 2016 por los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por mediar violencia o amenazas reiteradas en trece oportunidades, y por haber durado más de un mes en concurso real, y calificados como delitos de lesa humanidad”.

La medida había sido solicitada por Ana Oberlin. Al analizar el pedido, los jueces valoraron “la especial gravedad de las penas previstas en el tipo penal en cuestión”, es decir que el acusado podría ser condenado a prisión o reclusión perpetua, además de “las particulares características y naturaleza de los hechos concretos que se le atribuyen al justiciable en la presente causa”.

Asimismo, los magistrados Andrés Fabián Basso y José Antonio Michelini señalaron “la extrema complejidad en la sustanciación de la causa”, así como “la negativa incidencia que podría tener la hipotética libertad del procesado sobre la posibilidad de recopilar elementos de convicción que resultarían de interés para la causa”.

“Por otra parte, este Tribunal considera pertinente ingresar en el análisis de los riesgos procesales en el caso concreto, consistentes en el entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga que persisten al día de la fecha con igual entidad que al comienzo de la investigación en relación con el justiciable de mención”, indicaron los jueces.

Torturas

Welsh había sido detenido a fines de mayo del 2015, luego de estar prófugo durante más de dos años en el marco de esta causa, donde se lo investigó por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la sede de los regimientos de Infantería y Caballería de la Policía provincial. El acusado fue reconocido en 1976 por sobrevivientes del centro clandestino de 1 y 60 como secuestrador, interrogador y torturador de víctimas civiles.

Según contaron las presuntas víctimas, el imputado las tenía en una especie de “barraca militar o grandes galpones, con sus ojos vendados o encapuchados, acostados en camas o cuchetas esposados a ellas”. Allí, los secuestrados “eran sometidos en cualquier momento a golpes, patadas u otro tipo de maltratos”. El comienzo del juicio estaba previsto para el 24 de abril de este año, pero debió suspenderse a raíz de la emergencia sanitaria generada por la pandemia.