Falsas denuncias: archivan causa sobre violencia y abuso

En el ámbito judicial platense se ha producido un vuelco dramático en un caso que atrajo atención pública: tras un proceso judicial, la denuncia por violencia y abuso que pesaba contra un hombre ha sido oficialmente archivada. La Justicia determinó que la acusación es falsa, lo que da paso ahora al avance de otras causas por presunta apropiación indebida de bienes.

La causa involucra a Úrsula L. y su expareja, J.M. La defensa alegó y consiguió demostrar que la presentación inicial contra M carecía de sustento real, razón por la que la acusación fue retirada del expediente. En paralelo, los abogados de M tramitan denuncias contra quienes intervinieron en las primeras instancias del proceso —incluidas magistradas y el abogado de la contraparte— por supuesto mal proceder judicial.

Mientras la denuncia por violencia quedaba sin efecto, la investigación policial —con apoyo de la División de Investigaciones (DDI) de La Plata— realizó un allanamiento en el domicilio de L y de su actual pareja, quien ya era investigado en una causa por estafas reiteradas. Allí se secuestraron diversos bienes que serían objetos de apropiación ilícita. Entre los bienes faltantes figura una motocicleta, cuya restitución aún no se ha concretado.

Los allanamientos y medidas judiciales están en curso. La Justicia analiza ordenar nuevas diligencias para recuperar el resto de los bienes que aún no han sido localizados. En paralelo, la Unidad Fiscal interviniente instruye una causa paralela por presunto hurto de bienes atribuido a L y al hombre con quien reside.

Desde la defensa de M se sostiene que hubo irregularidades de procedimiento: sentencias que no fueron notificadas, medidas cautelares decretadas sin fundamentos sólidos y asignaciones de propiedades cuestionadas. En particular, se cuestiona que una vivienda de Pipinas, que formaba parte de una sucesión, haya sido adjudicada irregularmente, provocando desalojos y perjuicios económicos para terceros.

Asimismo, la viuda del anterior propietario de esa vivienda se presentó en el expediente para reclamar la restitución legítima del inmueble, con patrocinio de su abogado. Su intervención complica aún más el panorama legal.

Los defensores de M denuncian un exceso de jurisdicción y violaciones a derechos constitucionales: presunción de inocencia, igualdad en el proceso y derecho de propiedad. A su vez, exigen que se investigue la actuación de juezas y funcionarios judiciales que, según ellos, promovieron acusaciones carentes de fundamento.