Ajuste y negocios: la liquidación silenciosa del Estado

El Ministerio de Defensa de la Nación impulsa una política que pone en el mercado bienes estratégicos de las Fuerzas Armadas. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), terrenos y edificios militares pasaron a integrar un listado de 309 inmuebles disponibles para subasta. El mapa abarca desde predios históricos en CABA hasta vastas superficies en distintas provincias.

Negocios con sello propio

Entre los bienes ya transferidos figuran el ex Batallón Logístico Nº3 en Corrientes, el Destacamento de Vigilancia Crespo y el Batallón de Ingenieros Blindados en Entre Ríos, el Campo de Instrucción El Chorrillo en San Luis y terrenos de la Base Aeronaval Río Grande en Tierra del Fuego.

Uno de los episodios más resonantes fue la venta del edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero. En marzo, el inmueble fue adquirido por Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 por 34 millones de dólares.

La política no se limita a activos menores. En mayo, el empresario Eduardo Costantini compró un terreno de 3.400 m² en el barrio porteño de Palermo.

En paralelo, según confirmó el diputado Miguel Ángel Pichetto, ya fue cedido el predio del Regimiento de Patricios, una superficie de 44.000 m² concesionada desde los años ’90 al grupo Cencosud. “Patricios es propiedad de todos los argentinos y forma parte de la historia argentina. Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria, y también lo son los empresarios inmobiliarios que se quedan con los bienes”, criticó el legislador.

También figura en carpeta la posible transferencia del Campo de la Guarnición Militar de Córdoba, que podría pasar a la provincia como parte de un canje de deuda previsional. En los hechos, un bien estratégico se reduce a un simple intercambio contable.

Otros remates alcanzan al Batallón de Ingenieros Blindados 2, al Campo de Instrucción El Chorrillo y a la Ruta Complementaria de la Base Aeronaval Río Grande.

Cada operación se presenta bajo el eslogan de la “modernización del Estado”. Sin embargo, en los hechos significa desarmar infraestructura clave sin un horizonte estratégico, lo que debilita a las Fuerzas Armadas y fortalece negocios privados.

Mientras el Gobierno nacional repite el discurso de la austeridad, el patrimonio público se entrega al mejor postor y consolida una política de liquidación que ya parece estructural.