Amplio rechazo al DNU que reforma la SIDE y elimina controles parlamentarios
La oposición cuestiona el decreto por opacidad y exige que el Congreso recupere el control con la constitución de las comisiones bicamerales.
El Decreto 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional desató un fuerte rechazo en la oposición. Unión por la Patria, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Encuentro Federal y la Izquierda coincidieron en que la iniciativa es inconstitucional y peligrosa, al habilitar tareas encubiertas y la posibilidad de aprehender personas en casos de flagrancia sin orden judicial. El PRO, en cambio, adoptó una postura cautelosa y conformó un equipo técnico para analizar el alcance de la norma, mientras que la UCR y bloques provinciales dialoguistas aún no definieron posición.
Dirigentes como Agustín Rossi y María Teresa García advirtieron que el decreto convierte a los agentes en una “policía secreta” y amplía la opacidad en un área que debería estar bajo control parlamentario. Desde la izquierda, Myriam Bregman calificó la norma como ilegal y pidió su anulación urgente en el Congreso, alertando sobre riesgos de espionaje interno y persecución política.
El pedido de bicameral
Los bloques de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal reclamaron la inmediata constitución de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Señalaron que el decreto avanza sobre un consenso democrático sin debate público ni participación de especialistas, y que amplía la lógica de la contrainteligencia a todo el sector público nacional, abriendo la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores ajenos a tareas sensibles.
Las bancadas opositoras remarcaron que la seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a los ciudadanos. “No vamos a convalidar un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, coincidieron. El escenario legislativo anticipa una pulseada intensa en torno a la validez del DNU y al rol del Parlamento en la definición de un tema central para la institucionalidad democrática, con un debate que se proyecta más allá de las comisiones y marcará la agenda política del inicio de 2026.
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