Audios, filtraciones y un Gobierno desbordado

El oficialismo volvió a quedar en el centro de la tormenta tras la difusión de nuevos audios que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en el armado político del oficialismo. En las grabaciones, cuya autenticidad no fue desmentida por el Gobierno, se la escucha en conversaciones privadas dentro de la Casa Rosada, lo que expuso tensiones internas y reavivó el escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ante este nuevo escándalo, el Gobierno reaccionó con rapidez y buscó instalar un relato de victimización. A través del vocero Manuel Adorni, denunció en la Justicia Federal lo que calificó como una “operación de inteligencia ilegal” con el objetivo de “condicionar al Poder Ejecutivo” y “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. “No fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, escribió Adorni en su cuenta de X, dando por válidos los audios que, hasta ese momento, el oficialismo se había negado a confirmar.

El propio Presidente Javier Milei se sumó a la estrategia y compartió la publicación de su vocero, insistiendo en el concepto de “operación de inteligencia ilegal”. Sin embargo, la denuncia exhibe grietas. Por un lado, se admite la existencia de conversaciones privadas de su hermana; por otro, se elude cualquier explicación política sobre el contenido, que revela malestar entre funcionarios y posibles vínculos con la trama de corrupción que salpica a la Andis.

La presentación judicial fue radicada en el Juzgado Federal N°12, primero bajo la subrogancia de Ariel Lijo y luego de Julián Ercolini, con la intervención de la Fiscalía N°4 de Carlos Stornelli. No obstante, la Corte Supre­ma expresó que no avalará el fallo.

El recurso del enemigo invisible

La estrategia de judicializar el caso y señalar a supuestos servicios de inteligencia en la sombra, busca desplazar la discusión hacia un terreno conspirativo y evitar preguntas incómodas sobre la solidez institucional del Gobierno. En lugar de despejar dudas sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo, la presentación corre el eje hacia una batalla contra enemigos invisibles, reforzando el carácter defensivo que atraviesa al oficialismo.

En esa línea, y en un giro que roza la paranoia, el Gobierno denunció una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera. La maniobra habría incluido la captación clandestina de audios de Karina Milei y otros funcionarios, manipulados o difundidos de manera escalonada para condicionar las elecciones legislativas.

Por otra parte, el Consejo de la Magistratura se encamina a suspender al juez Patricio Maraniello por el fallo que ordena el cese inmediato de la difusión de los audios, según afirmó el periodista Gustavo Sylvestre. También co­mentó que los integrantes de la Corte Suprema dejaron trascender que no avalarán su reciente fallo.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la apuesta por victimizarse puede servir para cohesionar a la militancia, pero difícilmente alcance para disipar la percepción de fragilidad que dejan los audios. El intento de blindar a Karina Milei, figura que concentra un poder desmedido en la gestión, no hace más que confirmar la dificultad del Gobierno de mostrar un rumbo claro frente a la crisis.