Causa Andis: la Justicia realizó 25 nuevos allanamientos

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este jueves 25 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos de la provincia, en el marco de la investigación por presuntas coimas y direccionamiento de compras en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las medidas, solicitadas por el fiscal Franco Picardi, se realizaron luego de detectarse nuevos indicios sobre el circuito de adjudicación de medicamentos de alto costo.

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad, que secuestró documentación, celulares y dispositivos electrónicos en droguerías, domicilios particulares y oficinas vinculadas a proveedores del organismo. No se ordenaron detenciones, pero la Justicia reimplantó el secreto de sumario ante la posibilidad de que surjan nuevos imputados.

Cabe recordar que la causa tiene su origen en los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, donde se mencionaban presuntas maniobras de corrupción en contrataciones con fondos públicos. Desde entonces, el expediente creció y comenzó a revelar un entramado de favores políticos y empresariales en la compra de insumos médicos.

Nuevos implicados y más pruebas

De acuerdo con fuentes judiciales, la decisión de ampliar los procedimientos se basó en la aparición de datos comprometedores en los teléfonos analizados durante los primeros allanamientos. En esos dispositivos se habrían encontrado mensajes y transferencias que vincularían a otros funcionarios y empresarios, algunos con estrechos lazos con el oficialismo.

El juez Casanello y el fiscal Picardi coordinaron una nueva etapa de la investigación junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que detectó inconsistencias en las licitaciones de medicamentos de alto costo. En paralelo, los investigadores intentan determinar si existieron beneficios indebidos a determinados proveedores y desvío de fondos públicos a campañas políticas.

Tensión en el Gobierno

En el oficialismo predomina el silencio, pero en los pasillos del Congreso crece la preocupación por el impacto político del escándalo. Mientras el Gobierno intenta despegarse de los funcionarios involucrados, la Justicia profundiza una investigación que salpica al entorno inmediato de Milei y amenaza con dejarlo sin margen de maniobra.