Desaprobaron la rendición de Cambiemos por los “aportruchos” de Vidal

El juez Ramos Padilla rechazó los números de la coalición macrista y sancionó con una multa total de más de cinco millones y medio de pesos a los partidos que la conforman. Además, investigará si se cometió un delito. Es por la inscripción de aportantes falsos a la campaña electoral.

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, ­desaprobó la rendición contable de la filial bonaerense de Cambiemos del año 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y estalló el escándalo de los “aportruchos”, o aportantes falsos para la ­campaña electoral.

Se trata de los informes de recursos y gastos asignados a la campaña del frente Cambiemos Buenos Aires (nombre que adoptó la coalición en la Provincia) para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y que al año siguiente fueron el centro de un escándalo cuando se reveló que muchos de los supuestos aportantes habían sido inscriptos sin su conocimiento y no habían realmente aportado fondos para la contienda electoral.

El magistrado impuso además una multa total de más de 5,5 millones de pesos a los partidos que integraban la coalición macrista en territorio bonaerense.

El partido que deberá pagar el mayor monto es PRO, la principal fuerza de esa alianza, fundada por Mauricio Macri: Ramos Padilla le impuso una suma de $3.246.965,53. En tanto, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) deberán desembolsar $990.599,65 en cada caso.

Otras ocho fuerzas políticas que integraban Cambiemos en la Provincia fueron sancionadas con multas de $34.395,82. Se trata del Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata, la Unión del Centro Democrático (Ucedé), el Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, el Partido Fe, el Partido del Diálogo y el Movimiento Social por la República.

La lista de Cambiemos Buenos Aires para el Senado estaba encabezada por Graciela Ocaña, y la de postulantes a diputados, por Esteban Bullrich.

En su fallo, el juez electoral decidió ­“desaprobar los informes finales de recursos y gastos de campaña de la alianza Cambiemos Buenos Aires de este distrito para la elección primaria del 13 de agosto de 2017, correspondientes a las categorías de diputados nacionales y senadores nacionales”, y “sancionar a los partidos que conformaron la alianza” con las multas detalladas arriba, por un total de $5.503.331,39.

No solo eso, también dispuso “iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito, de conformidad con lo establecido” en el Código Electoral Nacional.

Ocurre que, según se reveló en 2018, Cambiemos Buenos Aires habría anotado como aportantes a personas que figuraban en las bases de datos de beneficiarios de planes sociales; personas que, claramente, no estaban en condiciones de aportar dinero para una campaña y que, en la mayoría de los casos, se enteraron de que figuraban en la lista cuando estalló el escándalo. Se los conoció como aportantes truchos, o “aportruchos”.

Una maniobra escandalosa por la que Vidal aún no dio explicaciones

El escándalo estalló en 2018, al año siguiente de las elecciones en las que Cambiemos presentó a Graciela Ocaña como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y a Esteban Bullrich y Gladys González al frente de la lista de diputados nacionales por la misma jurisdicción. Un informe televisivo reveló entonces que en la lista de aportantes para la campaña electoral figuraba un sinnúmero de personas que, más que estar en condiciones de poner dinero, se habían anotado para recibir una ayuda económica del Estado bonaerense: eran beneficiarios de subsidios y planes sociales.

La investigación, realizada por el periodista Juan Amorín para el ciclo El destape, arrojó un dato explosivo: 205 personas que vivían en villas del conurbano bonaerense aparecían como financistas de la campaña. Obviamente, no tenían idea de esto, y ninguna de ellas había aportado un centavo.

¿De dónde había salido realmente el dinero? ¿Quién lo puso y no figuró en la lista? Es algo que la entonces gobernadora bonaerense y hoy diputada de Juntos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), María Eugenia Vidal, nunca pudo explicar. Ahora será la Justicia la que lo investigue.

“Hoy, todavía miles de personas humildes esperan que Vidal explique por qué usaron sus nombres para hacerlos pasar como financistas de su campaña”, dijo ayer Amorín.

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