El aumento en los servicios básicos acelera el deterioro de los salarios

El gasto en servicios públicos volvió a ocupar un lugar central en el presupuesto de los hogares argentinos. Con el esquema tarifario aplicado desde comienzos de 2026, el pago de electricidad, gas, agua y transporte se consolidó como uno de los principales componentes del gasto mensual. La evolución de estas tarifas muestra un aumento acumulado cercano al 600 por ciento desde fines de 2023, muy por encima de la inflación general, lo que da cuenta de un cambio estructural en la composición del consumo familiar.

El impacto se siente con mayor intensidad en los hogares del AMBA, donde cubrir la canasta de servicios demanda cada mes una porción creciente de los ingresos. Los aumentos tarifarios y la reducción progresiva de la asistencia estatal empujaron a muchos usuarios a pagar valores cada vez más cercanos al costo pleno. El esquema de subsidios vigente, basado en criterios de ingresos y consumo, dejó a amplios sectores de clase media fuera de la protección tarifaria.

La presión sobre los ingresos

En electricidad y gas natural, los usuarios afrontan más del 80 por ciento del costo del servicio, mientras que en agua potable los subsidios aún cubren una porción mayor, aunque en retroceso. El recorte de transferencias estatales durante 2025 redujo el peso de los subsidios en el presupuesto nacional y trasladó esa carga a los hogares. La transición no fue homogénea y el impacto varía según nivel de ingreso y localización geográfica, profundizando las desigualdades existentes.

El transporte como principal motor del aumento

El transporte se consolidó como el rubro de mayor presión dentro de la canasta de servicios. Las subas en el boleto de colectivos explican una parte sustancial del incremento interanual y superan ampliamente la incidencia del resto de los servicios. El peso del gasto en transporte sobre el salario promedio alcanza el 43%, duplicando el impacto del resto de los gastos básicos.

En conjunto, la canasta de servicios públicos representa el 11,3% del salario registrado estimado. Con un ingreso promedio se pueden adquirir apenas 8,8 canastas, un nivel que muestra escasa mejora respecto del año anterior. La tendencia confirma que los servicios básicos dejaron de ser un gasto secundario y se transformaron en uno de los principales factores de deterioro del poder adquisitivo.