El Gobierno acelera el proyecto de reforma laboral y crece la tensión política

El Gobierno nacional convocó este miércoles a la última reunión del Consejo de Mayo para cerrar el texto de la reforma laboral que enviará al Congreso en diciembre. El encuentro, realizado en Casa Rosada, volvió a mostrar la distancia entre la postura del oficialismo, las objeciones sindicales y las demandas empresarias.

Durante una hora y media de debate, el representante de la CGT y titular de la Uocra, Gerardo Martínez, dejó en claro su molestia. “Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, dijo al llegar. La declaración dejó en evidencia que el texto no consigue apoyos sólidos y sigue sin convencer.

Tensiones con el sindicalismo

La coordinación del encuentro estuvo a cargo del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su debut tras la salida de Guillermo Francos. Allí confluyeron Federico Sturzenegger por el Ejecutivo, Alfredo Cornejo por los gobernadores, Carolina Losada y Cristian Ritondo por el Congreso, Martín Rappallini por el sector industrial y Martínez por la CGT. Aunque la reunión estaba prevista como el cierre del ciclo iniciado en julio, Adorni dejó abierta la posibilidad de una instancia más antes del 9 de diciembre.

Ritondo, por su parte, admitió que los consensos alcanzados son generales y que las diferencias se concentran en los detalles. “Habrá pedacitos de propuestas de cada uno, pero la impronta será del Ejecutivo”, anticipó.

El proyecto y su impacto político

En la Casa Rosada calificaron la reacción sindical de prematura. “Antes de leer el proyecto dijeron que estaban en contra”, cuestionaron desde el oficialismo. Tras el encuentro, Martínez se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo para mantener abierto el canal político, aunque las tensiones persisten.

El borrador final, que el oficialismo quiere presentar el 9 de diciembre para su tratamiento en extraordinarias, no incluirá dos puntos del Pacto de Tucumán: la redistribución de fondos coparticipables y la reforma previsional, que quedaron para otra etapa. En paralelo, la relación con los gobernadores quedó en manos del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, mientras Sturzenegger expuso un ranking de restricciones al comercio exterior para justificar la necesidad de cambios estructurales.

Los consejeros aseguran conocer los ejes centrales del proyecto, que abordaría ultraactividad, convenios colectivos, cargas fiscales, financiamiento sindical, derechos colectivos y regulación del trabajo autónomo. Para la CGT, cualquier “modernización” debe garantizar los derechos adquiridos y preservar el rol de la negociación colectiva, algo que el borrador oficial todavía no asegura.

El Consejo de Mayo culmina así sin consensos, un dato que preocupa a varios actores del sistema político. El Gobierno confía en que el recambio parlamentario del 10 de diciembre mejorará sus chances de aprobación, pero el clima con la central obrera y sectores opositores anticipa un debate áspero.

Para Milei, el envío del proyecto funciona también como una señal de orden interno tras semanas de ruidos en su gabinete. Sin embargo, la falta de acuerdos profundos proyecta incertidumbre sobre la capacidad del Ejecutivo para sostener su agenda de reformas y construir las mayorías necesarias en el Congreso.