El Gobierno bajo presión por la reimpresión de boletas

El Gobierno nacional volvió a quedar bajo la lupa, esta vez por un gasto que no estaba en los planes: la posible reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires. La exigencia partió de la Junta Electoral, que pidió al ministro del Interior, Lisandro Catalán, un informe detallado sobre el impacto presupuestario que tendría rehacer millones de ejemplares tras el reemplazo de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza (LLA).

La citación, prevista para el día de hoy en La Plata, promete una audiencia tensa. Catalán deberá justificar si el Estado dispone de fondos y, sobre todo, si corresponde utilizar dinero público en un contexto de fuerte recorte fiscal y caída del gasto social. La convocatoria incluye a todos los partidos que competirán el 26 de octubre, pero el foco estará en el Gobierno nacional, que deberá rendir cuentas por una situación que no supo prever.

Una improvisación que expone al Ejecutivo

El pedido de reimpresión surge tras la abrupta salida de Espert, envuelto en denuncias por vínculos con el narcotráfico. La alianza oficialista, en un intento por contener el daño político, pretende colocar a Santilli, referente del PRO, al frente de la boleta bonaerense. Pero la maniobra, lejos de resolver la crisis, abrió un nuevo frente, ya que la Justicia exige saber cuánto costaría reemplazar las papeletas ya impresas y si existen partidas disponibles para hacerlo.

El episodio revela, una vez más, la desprolijidad con la que el oficialismo gestiona cuestiones centrales del proceso electoral. A la falta de planificación se suma la sospecha de que parte del material aún no habría sido producido, algo que Ramos Padilla buscará verificar personalmente en los depósitos judiciales.

Ajuste para algunos, presupuesto para otros

Mientras los ministerios enfrentan recortes y se paralizan programas sociales, el Gobierno deberá demostrar que no hay discrecionalidad a la hora de definir qué gastos se priorizan. “La impresión y aprobación de las boletas es competencia exclusiva de la Junta Electoral”, advirtió el juez federal bonaerense, marcando límites claros a la intervención del Ejecutivo.

La decisión final se conocerá en las próximas horas, pero el daño político ya está hecho. Entre la austeridad declamada y los costos reales de la campaña, el Gobierno vuelve a tropezar con su propio discurso.