El Gobierno busca acuerdos para destrabar pliegos en la Justicia

El Gobierno nacional comenzó a mostrar su plan para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que rondan el 35% a nivel nacional y llegan al 40% en el fuero federal. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció que se nominará a los ganadores de los concursos del Consejo de la Magistratura en orden de mérito. No obstante, el funcionario libertario evitó mencionar las negociaciones reservadas que la Casa Rosada mantiene con el kirchnerismo para destrabar pliegos en el Senado de la Nación.

Durante su exposición en la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Amerio defendió la estrategia de la administración de Javier Milei como garantía de idoneidad y seguridad jurídica. En su alocución, afirmó que el Presidente no designó jueces a dedo, en contraste con las administraciones de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. “La independencia judicial está atada a la seguridad jurídica. Si logramos eso, le demostramos al mundo que este Gobierno no atenta contra la Justicia”, afirmó. Sin embargo, su discurso omite que el Gobierno nacional lleva dos años de demora en designaciones y que los intentos por nombrar jueces como Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fracasaron en la Cámara alta.

En consecuencia, el oficialismo enfrenta la necesidad de acuerdos políticos. Es por eso que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Amerio iniciaron a entablar conversaciones con dirigentes cercanos a la expresidenta para negociar un paquete de pliegos que incluya jueces, fiscales y hasta la Corte Suprema.

Según datos del propio Poder Judicial, casi el 40% de los cargos en la Justicia federal están hoy vacantes, un problema que atraviesa a todos los gobiernos desde hace más de una década. En total, hay más de 300 juzgados y fiscalías sin titular, especialmente en los fueros penal, laboral y comercial, lo que genera demoras y una creciente dependencia de subrogancias.

El déficit en la cobertura de cargos fue reconocido por Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando admitió que “falta designar alrededor del 40% de los magistrados” y que el Poder Judicial “no puede garantizar eficiencia ni previsibilidad” en ese contexto.