El Gobierno busca demorar la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Javier Milei quedó contra las cuerdas tras el histórico rechazo del Congreso al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. Lejos de aceptar el revés político, en Casa Rosada ya trabajan en una estrategia para ganar tiempo y evitar la inmediata aplicación de la norma.

El plan consiste en no apurar la reglamentación y forzar a que la oposición reclame en la Justicia por la falta de implementación. Solo entonces, la Casa Rosada respondería judicialmente, estirando los plazos en busca de un escenario legislativo más favorable tras las elecciones de octubre.

Otra alternativa es presentarse en el fuero Contencioso Administrativo, argumentando que la ley no contempla más del 15% de los fondos necesarios para su ejecución. El Ejecutivo apela a la Ley de Administración Financiera y al supuesto “impacto fiscal” de la norma para justificar la demora.

El propio Milei había anticipado la maniobra: “Supongamos que me rechazan el veto. Yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”. El discurso oficial repite que la sanción tuvo “vicios reglamentarios” y que la emergencia implicaría un aumento estructural del gasto.

Sin embargo, el Congreso fue contundente: 63 votos afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención sellaron la derrota presidencial. En 22 años no se había revertido un veto. La oposición celebró la victoria y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad advirtieron que el Gobierno intentará un “manotazo de ahogado” para retrasar la puesta en marcha de una ley que ya fue consagrada como un derecho.