El Gobierno recorta pensiones en discapacidad mientras paga más deuda
Mientras Milei se excusa en el equilibrio fiscal para ajustar, los intereses de deuda se multiplican por las tasas de interés altísimas.
Semanas atrás, Diputados rechazó el veto de Milei contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. La normativa busca asegurar el cumplimiento de los derechos al acceso a salud, educación y protección social. También fijar una compensación de emergencia para prestadores y regularización de pagos, cumplir el cupo laboral, lograr mayor transparencia en el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad.
La excusa del Presidente para vetar la ley es que impacta en el equilibrio fiscal. Sin embargo, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal sería de entre el 0,2% y 0,4% del PBI. Se trata de un valor sumamente inferior a lo que Luis Caputo está pagando de interés de la deuda, cuya tasa elevó casi al 80% anual para mantener a los bonistas en los instrumentos financieros y no se pasen al dólar, lo que haría subir su precio.
En paralelo, el Gobierno nacional inició un proceso de recortes de pensiones por discapacidad.
Ajuste a la discapacidad
La Andis dio de baja en julio más de 65.000 pensiones de discapacidad. Ya en los primeros días de agosto Adorni anunció que las suspensiones superaban los 110.000 casos.
Si bien el Gobierno nacional afirmó que se trata de casos “mal otorgados”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alertó que las auditorías evidencian “violaciones graves a los derechos de este grupo”.
Esto se suma a medidas que anteriores, como la modificación de los requisitos para el otorgamiento de pensiones por discapacidad (Decreto 843/2024), que fija como obligatorias condiciones que, según especialistas, “habían sido declaradas inconstitucionales por la justicia”.
Cabe recordar que se trata de una política destinada a paliar desigualdades estructurales que enfrentan más de 1.200.000 personas con discapacidad y el monto equivale apenas al 70% de una jubilación mínima ($314.000).
“El costo fiscal de las pensiones por invalidez es bajo. Por mes representan apenas el 1,5% de lo recaudado, un ahorro poco significativo para tanto dolor”, indicó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).
La plata a la deuda
Si bien el argumento del oficialismo para rechazar la emergencia en discapacidad es que afectaría el equilibrio fiscal, en paralelo y en medio de una creciente volatilidad cambiaria, el ministerio de Economía profundizó el feroz programa de endeudamiento, en un marco de escalada de las tasas que condiciona la renovación de los vencimientos.
En este camino, hasta fin de octubre vencen $32 billones sólo de LECAPs en manos del sector privado y bancos, desde la consultora Equilibria estimaron que “el costo financiero de la suba de tasas treparía a $ 2,6 billones (0,27% del PBI), similar al costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
Hacia adelante, el Tesoro enfrenta vencimientos en manos de privados y bancos: “$ 15,3 billones en septiembre próximo (1,8% del PIB), $9,0 billones en octubre, $ 13,4 billones en noviembre y $ 11,2 billones en diciembre (1,3% del PIB)”.
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