La Justicia intima al Gobierno por el vaciamiento del INTI
La intimación expone que la ofensiva del Ejecutivo contra el organismo afecta funciones claves y compromete controles esenciales.
El Gobierno nacional recibió una intimación judicial que lo obliga a revisar la reciente Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida desarticula el Programa de Metrología Legal, un área clave que garantiza controles básicos sobre instrumentos de uso cotidiano. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó la acción judicial y acusó a la gestión de Javier Milei de encubrir un proceso de privatización bajo el discurso de la desestatización y la eficiencia.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que la decisión no solo compromete puestos de trabajo, sino que también pone en riesgo la seguridad de millones de ciudadanos. Señaló que el vaciamiento del área resulta especialmente grave porque afecta funciones de control y fiscalización, pilares que sostienen la confianza en el comercio, la seguridad vial y la salud pública.
El impacto en la vida cotidiana
El Programa de Metrología Legal incide de manera directa en la rutina social. Sus técnicos verifican que los alcoholímetros midan con precisión, que los cinemómetros utilizados en fotomultas funcionen correctamente, que las balanzas comerciales no perjudiquen al consumidor y que los surtidores de combustible entreguen lo que anuncian. La eliminación de estas tareas abre la puerta a un escenario de incertidumbre en el que un kilo puede dejar de ser un kilo y un litro de nafta puede no equivaler a un litro real.
El trasfondo político
ATE interpreta la resolución del Gobierno como parte de una estrategia más amplia de desmantelamiento del Estado. Desde la asunción de Milei, el discurso oficial insiste en reducir estructuras públicas y avanzar en procesos de desregulación que, en la práctica, habilitan la transferencia de funciones al sector privado. La intimación judicial busca frenar esa avanzada y reinstalar el debate sobre el rol de los organismos técnicos en la protección de derechos básicos.
La medida sobre el INTI, ahora cuestionada en tribunales, deja en evidencia que detrás de la retórica de la eficiencia se esconde un riesgo concreto para la seguridad social y para la transparencia de las relaciones comerciales.
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