La UBA va a la Justicia por la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión de acudir a la Justicia marca un punto de inflexión en la relación entre el sistema universitario y el Poder Ejecutivo.

La norma fue aprobada por ambas cámaras y promulgada por el Ejecutivo, pero su aplicación quedó suspendida bajo el argumento de que aún no se definieron las fuentes de financiamiento. De este modo, se trata de una ley vigente pero sin ejecución, lo que genera tensión institucional.

Desde la UBA señalan que la medida impacta de manera directa en docentes y no docentes, cuyos salarios perdieron más del 40% de poder adquisitivo en 2024. A esto se suma que los presupuestos prorrogados fueron licuados por la inflación, lo que agrava las condiciones de enseñanza e investigación.

La decisión del Consejo Superior se suma a los reclamos de rectores y gremios universitarios que en los últimos meses advirtieron sobre la falta de actualización presupuestaria. En ese marco, la casa de estudios busca que la Justicia ordene al Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar los recursos previstos. El planteo judicial podría convertirse en un antecedente para otras universidades nacionales que enfrentan la misma situación de desfinanciamiento.

El conflicto trasciende lo presupuestario. La universidad pública argentina representa un valor de gran relevancia, y el Consejo Superior advierte que la falta de aplicación de la ley afecta a uno de los pilares de la sociedad. La judicialización aparece como un recurso necesario para garantizar que las normas sancionadas por el Congreso se cumplan. Con este paso, la UBA busca limitar la discrecionalidad del Ejecutivo y reafirmar el principio de división de poderes.