La UCR presentó un proyecto de ley para financiar las universidades públicas

El objetivo es declarar la emergencia presupuestaria.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), la legisladora Danya Tavela impulsó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el presupuesto 2024 e iniciar una serie de cambios en la estructura económica de las universidades para garantizar su correcto funcionamiento.

Esto sucede por la grave situación económica en las casas de altos estudios, tras los recortes presupuestarios por parte del Gobierno nacional y el impacto de la inflación en los salarios docentes a escala nacional. La iniciativa buscará atenuar el incremento de los costos de los bienes y servicios esenciales con relación a los pagos de salarios y gastos de funcionamiento.

Tavela afirmó que “se comprende y entiende la coyuntura, se entiende el contexto de ajuste y de sinceramiento de variables macroeconómicas y de la necesidad de no recurrir al déficit, pero también es necesario garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las universidades nacionales”.

En el proyecto, la legisladora solicitó que “de los recursos asignados se debe respetar la relación de 85% para gastos de salarios y de 15% para gastos generales y de funcio­namiento”, y pidió que “las partidas dis­puestas para atender gastos de funcionamiento se actualicen bimestralmente con una combinación de la variación del índice general de ­precios al consumidor (50%), la ­variación de la cotización de la divisa de ­referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%)”.

Además, Tavela remarcó la importancia del rol de la educación “en el camino al ­desarrollo, progreso y crecimiento de nuestra Argentina”, y puntualmente la educación pública universitaria. Sobre esto, exigió al Estado nacional adoptar “todas las medidas necesarias que contribuyan a garantizar el ejercicio del derecho a una educación superior de calidad”.

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