Milei avanza contra la Ley de Glaciares para habilitar megaminería

El gobierno de Javier Milei confirmó que en las sesiones extraordinarias impulsará la modificación de la Ley de Glaciares, una norma clave para proteger los reservorios de agua dulce y el ambiente periglacial. El objetivo es reducir los límites de protección y habilitar proyectos mineros hoy frenados por restricciones ambientales. La decisión, celebrada por corporaciones del sector, reabre un conflicto político y social en torno al uso de recursos estratégicos.

El senador Francisco Paoltroni, reacomodado en el oficialismo tras su breve ruptura, anticipó que apoyará la iniciativa. Calificó la ley como “nefasta” y acusó a la regulación vigente de bloquear el desarrollo minero. Aunque sus declaraciones lo alinearon nuevamente con el discurso presidencial, el foco está puesto en el movimiento del Ejecutivo, que pretende avanzar sobre una norma creada para preservar fuentes hídricas fundamentales.

La norma bajo ataque

La Ley de Glaciares (N°26.639) prohíbe actividades como minería, hidrocarburos y obras que alteren glaciares o zonas periglaciares, áreas cruciales para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad. El Gobierno pretende modificar la definición de “área periglacial” para liberar inversiones.

Por su parte, gobernadores como Marcelo Orrego de San Juan, ya expresaron interés en una regulación más permisiva para habilitar proyectos de cobre en la cordillera. La presión provincial converge con la urgencia del Ejecutivo de mostrar resultados económicos, aun a costa de debilitar una ley ambiental de alcance nacional.

Riesgos e impacto político

El oficialismo promete que el paquete de reformas, incluida la Ley de Glaciares, ayudará a reducir el riesgo país y a habilitar crédito para provincias y pymes. Sin embargo, especialistas advierten que flexibilizar la protección compromete reservas de agua en plena crisis climática. La apuesta por la megaminería puede generar ingresos, pero también conflictos socioambientales y litigios que afecten la gobernabilidad.

La iniciativa del Gobierno expone una lógica orientada a intervenir sobre bienes estratégicos para sostener su programa económico. La ofensiva contra la Ley de Glaciares no solo tensiona la política ambiental, sino que también evidencia hasta dónde está dispuesto Milei a comprometer recursos en nombre de la rentabilidad inmediata.