Milei no cumplirá con la emergencia en Discapacidad

Según dejaron trascender desde Casa Rosada, la decisión de Javier Milei es no judicializar el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, la estrategia adoptada es aún más fría: el Gobierno nacional no reglamentará la norma aprobada y ratificada por el Congreso.

La pretensión es diluir el alcance de la norma para dejar en manos de prestadores y pacientes la carga de judicializar su cumplimiento. De esta manera, la judicialización no tendrá al Ejecutivo nacional como impulsor, lo que haría ganar tiempo.

Alguna pista de esta versión dio el vocero Manuel Adorni durante una entrevista a A24: “La ley incrementa el gasto en 5 mil millones de dólares anuales, lo estamos analizado, no nos vamos a correr del equilibrio fiscal”.

Desde el Congreso, legisladores de distintos bloques exigen su aplicación inmediata y amenazan con impulsar una moción contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, si no se avanza.

Por su parte, el Gobierno se escuda en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley fuera del Presupuesto explicite su fuente de financiamiento. En Balcarce 50 afirman que la norma no cumple con ese requisito, aunque el Congreso ya estimó su impacto fiscal entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, mismo valor que la quita del impuesto de Bienes Personales implementada en 2024.

Cabe recordar que la ley obliga a la regularización de deudas a prestadores y la actualización de aranceles a pensionados, entre otras cuestiones.