Multas y demanda penal por no cumplir un mandato judicial

La justicia provincial endureció su postura frente al incumplimiento de sus mandatos. En un fallo reciente, el juez que intervino en el caso de Juan Cruz Grimalt ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) cubrir en un plazo improrrogable de cinco días la cirugía de implante coclear y todos los gastos complementarios. La resolución no se limita al caso puntual, también establece que, si no se cumple, cada miembro del Directorio deberá pagar $50.000 diarios en concepto de astreintes y se dará intervención a la fiscalía por el presunto delito de desobediencia.

El mensaje es claro: los funcionarios provinciales y municipales deben acatar las órdenes judiciales bajo amenaza de sanciones económicas y procesos penales. La decisión marca un precedente que trasciende la situación individual y coloca a la gestión pública bajo presión directa de los tribunales.

Funcionarios bajo advertencia judicial

El juez dispuso que las sanciones se apliquen de manera personal a los responsables del organismo, con la posibilidad de embargo y ejecución en caso de incumplimiento. Además, ordenó notificar a la UFIJ en turno para que evalúe la comisión del delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

Este esquema coloca a los funcionarios en una situación delicada, ya no se trata solo de responder institucionalmente, sino de asumir riesgos patrimoniales y penales si se incumple lo dispuesto por la justicia.

Entre derechos y gestión estatal

En definitiva, el fallo marca un límite claro frente a la demora administrativa y obliga a los funcionarios a responder en tiempo y forma. La advertencia de sanciones económicas y denuncias penales busca un impacto en las órdenes judiciales. Al mismo tiempo, la medida instala un nuevo escenario para la gestión pública: provincias y municipios deberán ajustar sus tiempos y recursos a la dinámica de los tribunales.

Más allá del caso puntual de Juan Cruz Grimalt, la resolución transmite un mensaje de alcance general, su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y responsabilidades personales para los funcionarios involucrados. La sentencia reafirma la obligatoriedad de las decisiones judiciales y plantea la necesidad de que la administración pública adecúe sus tiempos y procedimientos a un esquema de mayor control y cumplimiento.