Silencio oficial en el escándalo de coimas en la Andis

El Gobierno nacional volvió a mostrar su costado más vulnerable frente a uno de los mayores escándalos de su gestión. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, pegaron el faltazo al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados convocado para esclarecer las denuncias de presunto cobro de coimas reveladas por los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir”, lamentó el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (UxP), al abrir la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad. El detalle no menor, ya que ningún legislador del oficialismo ni de sus aliados se presentó en el recinto.

Yedlin subrayó que la negativa sistemática de los funcionarios del Gobierno a concurrir a las citaciones debilita el sistema republicano. “No es la primera vez que ocurre”, afirmó.

Escándalo y ausencia de respuestas

La discusión giró en torno a la batería de proyectos opositores que buscan esclarecer la trama de supuesta corrupción que compromete a la cúpula del Gobierno, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según Yedlin, el oficialismo bloquea cualquier avance en la comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que anticipó que podría solicitarse un emplazamiento en la próxima sesión.

Por su parte, el presidente de la comisión de Discapacidad Daniel Arroyo, apuntó contra la “doble vara” del Gobierno. El legislador afirmó que, mientras los audios hablan de coimas de más de medio millón de dólares, las prestaciones básicas para personas con discapacidad están en estado terminal. “Un trabajador de un taller protegido cobra 28.000 pesos por mes; los acompañantes terapéuticos todavía discuten si pasan de 2.900 a 3.100 pesos la hora. Y un transportista paga 1.500 pesos el litro de nafta pero recibe solo 541. Así no hay forma de sostener el servicio”, advirtió.

Arroyo también denunció que las auditorías sobre pensiones en discapacidad se hicieron de manera arbitraria y sin cruzar información con bases elementales como el Renaper. “De 110.000 bajas, 90.000 fueron por problemas de domicilio. Un 40% de las notificaciones nunca llegó porque usaron direcciones viejas. Es un error gravísimo que dejó a miles de personas en la desesperación”, sentenció.

Las voces de la oposición

Durante el encuentro se escucharon voces de distintos espacios. Entre ellas, Esteban Paulón de Encuentro Federal, consideró que “estamos ante un escándalo de enormes proporciones, moral” y denunció “un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder”.

En esa línea, Leandro Santoro (UxP) calificó de “corrupta” la auditoría sobre pensiones a discapacitados, porque en lugar de identificar quiénes no calificaban, de­cidieron enviar telegramas obligando a las personas a presentarse en la agencia para mantener la prestación.

La ausencia de Lugones y Vilches en el Congreso envió un mensaje claro: el Gobierno elige no dar explicaciones. Sin embargo, en política, el silencio también es una declaración y en este caso, habla más fuerte que cualquier defensa improvisada.