Crece la tensión por el DNU que empodera la SIDE
Mientras la oposición busca tratar el decreto en el Congreso lo antes posible, el oficialismo lo dilata. A su vez, crece el repudio social.
Ante la avanzada opositora para bajar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado el 2 de enero y que reforma la Ley de Inteligencia Nacional, el oficialismo busca dilatar todo lo posible su tratamiento en el Congreso.
En primer lugar, el Ejecutivo nacional esperará hasta el límite del plazo de diez días hábiles para remitir el decreto al Parlamento. Ese plazo vence este jueves 15 de enero.
A su vez, la titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deberían avanzar con la integración de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, encargadas de analizar el decreto. Sin embargo, según dejaron trascender desde el oficialismo, la conformación de esas comisiones será demorada todo lo posible, incluso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias en marzo.
Cabe destacar que no solo el peronismo presiona para tratar lo antes posible el DNU, o al menos conformar las comisiones bicamerales. A estos pedidos se sumaron el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, el diputado socialista Esteban Paulón, y los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora. Además, la norma recibió críticas de Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, y de la UCR. Incluso el PRO planteó sus reparos en apoyar el decreto.
Una vez ingresado el DNU al Congreso, corren otros diez días hábiles para que lo analicen las comisiones bicamerales. Cumplido ese período, el 29 de enero, quedará en condiciones de ser tratado en el recinto, siempre que la oposición logre reunir quórum, una posibilidad que no aparece como lejana dado el nivel de rechazos que despertó la medida.
En ese contexto, un amplio grupo de organizaciones, encabezadas por el CELS, Amnistía Internacional y Poder Ciudadano, reclamó al Congreso la derogación del DNU por considerar que “debilita los controles democráticos”. También presentaron un amparo en la Justicia. “Rompe consensos básicos de la democracia, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazar este decreto”, sostuvieron.
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