Retenciones cero al campo: contradicciones de un gobierno hipócrita

Una de las noticias de la semana fue el anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación de los derechos de exportación, popularmente llamados retenciones, al campo hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un monto de 7.000 millones de dólares. La medida es una clara búsqueda para que las grandes cerealeras liquiden la cosecha guardada en silobolsas, en un contexto donde el Gobierno nacional necesita acumular dólares.

Por esta acción, especialistas calcularon que el Estado argentino dejará de percibir 2,6 billones de pesos. Este monto equivale al financiamiento a las universidades, a la emergencia pediátrica y más de la mitad del costo fiscal de la emergencia en discapacidad, proyectos que fueron vetados por Javier Milei y que el Congreso ya ratificó (en el caso de la emergencia en discapacidad) o está en camino a hacerlo (el Senado sesionará en las próximas semanas y todo indica que están los dos tercios para rechazar los otros dos vetos).

Lo curioso es que Javier Milei y los distintos funcionarios de su gobierno defendieron los vetos bajo el argumento que implica un gasto que atenta contra el equilibrio fiscal. Sin embargo, al mismo tiempo decide dejar de recaudar mediante la quita de retenciones a las grandes exportadoras de granos. No sólo son equivalentes los montos entre lo que le quita a universidades, al Hospital Garrahan y a personas con discapacidad para dárselo a los grupos concentrados, sino que el costo en el primer caso es el resultado de su aplicación anual, mientras que la pérdida de recaudación por la eliminación de retenciones es en un mes.

El cálculo

En el sector agroexportador estiman que restan por liquidar de la campaña anterior hasta fin de año 9.950 millones de dólares, de las cuales el Gobierno espera que 7.000 millones ingresen con la eliminación temporal de las retenciones.

Sólo tomando el caso de la soja, principal cultivo exportable, con una retención actual de 26%, el Gobierno dejaría de recaudada 1.820 millones de dólares. En pesos, a un tipo de cambio actual de $1.466, es equivalente a 2,6 billones en un mes.

El mismo día que publicó la medida en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Oficina de Presupuesto de Congreso (OPC), la posibilidad de aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493.000 y 946.000 personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal anual de entre 2,4 y 4,3 billones de pesos.

Otras leyes que veta o no cumple Milei es la emergencia pediátrica. Según la OPC, equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional entre julio y diciembre de 65.573 millones de pesos. Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones.

En el caso del proyecto de financiamiento universitario, el impacto presupuestario para este año sería de 1,9 billones de pesos, equivalentes a 0,23% del PIB.